De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Aragón corresponde al Justicia de Aragón:

• La protección y defensa de los derecho individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto.

• La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación.

• La defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón.

El Justicia de Aragón tiene su sede en el Palacio de Armijo, en Zaragoza.

Desde aquellos lejanos tiempos en los que las tierras aragonesas acogían a nuevos pobladores atraídos por los buenos fueros que garantizaban situaciones de libertad personal desconocidas en el resto de la Europa medieval, el Derecho ha sido una de las creaciones singulares de nuestro pueblo.

Nuestro Derecho civil ha pasado por momentos difíciles. Con los Decretos de Nueva Planta sufrió el trance de ver desaparecer las instituciones políticas aragonesas encargadas de aplicarlo y desarrollarlo. Resistió después las corrientes unificadoras que veían en los ordenamientos jurídicos privados meros particularismos llamados a desaparecer bajo el manto de un Código Civil general, tan alejado en muchos de sus principios de la tradición jurídica aragonesa.

Pero con la Constitución española de 1978, Aragón recuperó su capacidad legislativa en materia de Derecho civil y de la importancia que los poderes públicos aragoneses han dado a nuestro Derecho es buena prueba la propia Institución del Justicia de Aragón a la que el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye la "tutela del Ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación". El Derecho civil aragonés se estudia hoy en las aulas de la Facultad, se celebran foros y encuentros, se publican monografías. Avanzamos, con prudencia pero con decisión, hacia una renovación global de nuestro Derecho con el objetivo declarado de alcanzar un Cuerpo Legal del Derecho Civil de Aragón.

Como Justicia de Aragón suscribí en octubre de 2001 con el resto de los representantes de las instituciones públicas aragonesas –Diputación General, Cortes de Aragón, Universidad de Zaragoza– y con las entidades de crédito CAI e Ibercaja, el convenio de colaboración para la realización del proyecto de Biblioteca Virtual del Derecho aragonés. Este proyecto novedoso, iniciativa de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, es hoy una realidad y los profesionales del derecho, los estudiosos y cualquier ciudadano interesado pueden disponer en su ordenador de todo el corpus bibliográfico del Derecho civil aragonés.

La calidad del trabajo realizado y su ejecución en el plazo convenido, a pesar de la evidente complejidad técnica del proyecto, merecen nuestro reconocimiento y la expresa felicitación a cuantos han intervenido en su coordinación, dirección científica, ejecución y seguimiento.

Fernando García Vicente
Justicia de Aragón