120 III. LA ACTIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS afectado. El trasvase parece ir, en efecto, destinado a consolidar y aumentar el crecimiento poblacional y económico del Arco Mediterráneo, quebrando las oportunidades de desarrollo equilibrado de la deprimida Diagonal Continental, división europea en la que se incluyen Aragón y otras Comunidades españolas y Regiones francesas. Por añadidura, el trasvase produce trascendentes deterioros ecológicos, al partir, en su concepción, del erróneo axioma de que el agua que naturalmente discurre por su cauce hasta el mar, «se pierde». La existencia y el peso de las anteriores razones no debieran, sin embargo, lle- var a la desconsideración de los argumentos de quien parte de otras sensibilida- des. La obcecación impediría, entonces, valorar adecuadamente al contrario, a ese contrario que parece determinado, de un lado, por las fuertes presiones económi- cas de las pobladas Comunidades del Levante y, de otro lado, por los insistentes planteamientos técnicos sobre la necesidad de la obra. La rentabilidad económica y la racionalidad ingenieril parecen, así, determinar las opciones favorables al trasvase. No es posible aquí discutir la realidad de los datos en los que se apoyan. Pero sí cabe destacar que autorizadas voces rebaten los cálculos económicos y los datos técnicos del Plan Hidrológico Nacional. Entre las esenciales cuestiones planteadas figuran la falta de repercusión de los verdaderos costes del trasvase en los usuarios, la indebida consideración de la incidencia del cambio climático, el escaso grado de fiabilidad de las mediciones sobre aguas sobrantes y sobre todo de las aplicaciones que de las mismas se hacen, la ausencia de un estudio riguroso de las alternativas de ahorro y desalación. Parece, en definitiva, que la realización del trasvase puede entrañar la lesión de valores superiores de nuestro orden constitucional y europeo, como el equi- librio territorial y la tutela ambiental, sin que, además, exista seguridad ni sobre su sostenibilidad económica ni sobre su necesidad técnica. En tales circunstan- cias, el Aragón profundo y permanente, a través de grandes manifestaciones populares, parece pedir, al menos, la aplicación del elemental principio de pre- vención, dada la irreversibilidad de las alteraciones territoriales y ambientales que produciría el trasvase. Comarcalización. El minifundismo municipal es uno de los principales pro- blemas: Aragón cuenta con un total de 1.500 núcleos habitados que forman 730 municipios, 527 de los cuales (el 72 por ciento) tienen menos de 500 habitantes, 182 se sitúan entre 500 y 5.000 habitantes (el 25 por ciento), 19 superan los 5.000 habitantes (el 2'6 por ciento) y únicamente Zaragoza tiene más de 50.000 habi- tantes (600.000, la mitad de la población de la Comunidad Autónoma). Si se valoran los datos anteriores, quizá no sea difícil concluir que ese mapa municipal, como reflejo del poder público local, resulta insostenible. Los peque- ños municipios carecen de los recursos esenciales para prestar, tanto los servicios que obligatoriamente establecen las leyes, como, más aún, los que demanda la población. Población que, por otra parte, conoce y valora, cada vez mejor, las prestaciones del Estado del bienestar. Optar por la reforma directa del mapa municipal, mediante una política. de alteraciones de los términos, que dé como resultado un menor número de muni- cipios de tamaño y capacidad mayores, se presenta como una opción llena de