20 nos encontramos presentes en una disputa importante entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Tengo. también una gran satisfacción por compartir esta mesa con el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. He observado a lo largo del año y pico, desde que se presentó el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional el 5 de septiembre, precisamente del 2000, ante el Consejo Nacional del Agua y desde que en ese mismo momento comenzó la reacción de defensa de la Comunidad Autónoma frente al mismo, les decía que he observado su actividad, su labor, en momentos además muy duros, corno es toda la labor de oposición y de discusión que se debió de llevar a cabo en el Consejo Nacional del Agua, en el que con las alegaciones del Gobierno de Aragón pudo conseguir muchos cambios formales en el ante- proyecto de ley y, hay que reconocerlo, muchos cambios formales además orientados en un sentido garantizador para la defensa de las posiciones jurí- dicas de la cuenca cedente, o sea de Aragón, que es la parte más importante de la cuenca cedente. Bien que, aún con todas esas ganancias desde el pun- to de vista jurídico, no consiguiera variar ni un solo metro cúbico de los 1050 hectómetros cúbicos de trasvase previstos en la redacción original, co- mo tampoco se variaría en el Congreso de los Diputados, como tampoco se variarían en el fulgurante paso por el Senado. Lo que da idea, de que esta era una cifra más que meditada, dentro de la más que meditada también, deci- sión global de trasvase. Bueno, la palabra disputa, disputa entre el Estado y la Comunidad Autónoma, que he utilizado anteriormente, sugiere conflictividad, hay una gran conflictividad en una cuestión como ésta. En muchas ocasiones al juris- ta, cuando interviene en jornadas como ésta o en ámbitos parecidos a éste, se le pide que exponga el ordenamiento, las reglas de algo sustancialmente pa- cificado o aceptado por todos. No es ese el caso. En el ordenamiento jurídi- co del Plan Hidrológico Nacional, más concretamente del trasvase del Ebro, que es el que se regula, pues hay mucho de no aceptado, por lo menos des- de esta Comunidad Autónoma, y consiguientemente una conflictividad, ten- siones sociales, políticas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, incluso, y tenemos que reconocerlo también, dentro de nuestra pro- pia Comunidad Autónoma se reproducen esas tensiones, pues si bien creo que la ciudadanía aragonesa se manifiesta de forma unánime, en cuanto a es- ta cuestión, no es exactamente igual en el ámbito de la representación poli-